jueves, 14 de noviembre de 2013

La ley Habilitante o la Muerte del Estado de Derecho en Venezuela

Hace unos anos me adentre en el estudio de la Ley Habilitante en Venezuela. Hice un pequeno estudio sobre el tema que la Fundacion de Derecho Administrativo tuvo la gentileza de publicarme. La ley habilitante en un sistema democratico es lo mas hermoso que la ingenieria juridica haya podido crear para resolver problemas de orden publico. Una calamidad natural que requiera una disposicion legal urgente que no pueda esperar el lapso normal previsto en la Constitucion para la discusion de una Ley por ejemplo. Se supone una urgente legislacion para uno o mas casos concretos que no pueden esperar por la sustanciacion de la ley formal que es dictada por el Poder Legislativo. Es decir, que tenemos un poder legislativo que aun operando de manera eficiente no puede resolver mediante la emision de un acto con forma de ley una situacion que vive la sociedad y debe ser regulada de manera inmediata. Alterar el funcionamiento normal del Estado, en el sentido de que en vez de ser el poder legislativo, unico por la constitucion con facultades para dictar actos con forma de ley, sea el poder ejecutivo quien dicte acto con forma y fuerza de Ley requiere una exigencia de orden publico indiscutible. No cumplir con el requerimiento de orden publico para alterar el funcionamiento normal del Estado no es mas que un vicio del poder y que se manifiesta como una practica anarquica y contraria a los principios democraticos, en virtud de que el Ejecutivo pretende sustituir las competencias del Poder Legislativo bajo excusas y abriendo procedimientos judiciales a miembros opositores en la Asamblea Nacional bajo la supuesta excusa de luchar contra la corrupcion, como que si para ella necesita leyes un Poder Ejecutivo ya de por si corrupto. Es decir que en este caso el corrupto o el delincuente pide poder especial para ser ellos mismos quienes se regulen y se dicten leyes para luchar contra un flagelo que ellos mismos alimentan y de los cuales son autores. En vez de ser un Poder Legislativo independiente y autonomo, como la misma Constitucion exige, sea el que, en la pluralidad de opiniones propia de la Asamblea Nacional, discuta y regule actividades o defina delitos y establezca penas en disminucion de la corrrupcion, que es mayormente generada en el Poder Ejecutivo (el resto de los poderes son igual de corruptos), es el mismo delincuente y corrupto quien ahora se va a regular. Todo ello deja en evidencia la inexistencia de la separacion de poderes y la clara burla al Estado de Derecho en Venezuela. 

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