La justicia según Venezuela

Es muy impropio de mi parte atribuirle el concepto de Justicia a un País. No ha sido votado en elecciones ni  considerado masivamente. Lo que se puede leer a nivel internacional es producto de las actuaciones de las autoridades supuestamente legítimas  de Venezuela. Ser Fiscal en cualquier País amerita responsabilidad, y la mayoría de los países desarrollados o en vías, o con pretensión de, consideran instituciones como la Fiscalía o su equivalente y los Tribunales muy respetables socialmente, y las personas a su cargo se les atribuye cierta jerarquía intelectual en el área de las Ciencias Jurídicas. Tan es así que casi cualquier opinión de los órganos de justicia, llámese Fiscalía y/o  tribunales, a través de sus actos de manifestación,  es previamente aceptada como cierta  y no genera la menor duda de que ello pueda estar acorde con la ley que impera en ese País. Por ello es que un régimen ilegitimo como el que actualmente maneja Nicola Maduro, trata de valerse de los órganos de justicia para hacerle ver a la sociedad el apego, con redundancia incluida, de su Gobierno a la ley. Aunque es filosóficamente difícil explicar cómo un Gobierno ilegitimo puede estar a su vez conforme con la Ley. Se ve con estupor no solo la condena  a la Juez Maria Afiuni  a castigos por la forzada concepción de hechos punibles en el dictamen de una sentencia por su parte, que llegan al punto de impedirle el acceso a las redes sociales que son mecanismos de manifestación de opinión y expresión, sino que además ahora leemos que hasta su mismo Abogado quien la ha defendido conforme a la Constitución, la Ley de Abogados y el Código de Ética ha sido condenado a seis (6) meses de prisión por supuestamente obstruir a la Justicia. Es decir, que los abogados de las personas que sean consideradas culpables de la comisión de hechos punibles a la vista de la Fiscalía y los Tribunales de la República  pueden resultar cometiendo un delito (obstrucción a la Justicia) por defender a un ciudadano. Este repudiable antecedente no solo merma la jerarquía institucional de la ya deteriorada Fiscalía y de los Tribunales de la República, sino que además constituye una afrenta bastante clara para la profesión de Abogado y hasta para el mismo derecho a la disidencia y libertad de expresión y opinión.