Las Consecuencias de la sentencia de la Sala Electoral de fecha 11 de enero de 2016

De manera poco sorprendente la SE del TSJ ha declarado a la AN en desacato, y en tal campaña ha ejercido el poder judicial de manera contraria a la Constitución, lo que genera consecuencias jurídicas que no se pueden dejar escapar de lo contrario alimentaríamos el ejercicio de un poder arbitrario y contrario al texto constitucional. Es un precedente que no se puede permitir, pues hoy son 4 Diputados, mañana pueden ser 20 con el mismo criterio.

En primer lugar se ha declarado el desacato de una decisión judicial por parte de un órgano (AN) que no estaba llamado a ejecutarla en virtud de que el acto no había sido dictado por ella y porque la Constitución le impedía hacer lo que la Sentencia ordenaba. En efecto, se la SE del TSJ en sentencia de fecha 30-12-2015 "ORDENA de forma provisional e inmediata la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación emanados de los órganos subordinados del Consejo Nacional Electoral"; no era la AN quien debía suspender los efectos de tales actos ya que ella no fue quien los dictó. Por otra parte, los actos habían sido ejecutados. Es decir, la totalización, adjudicación y proclamación fue ejecutada y no podía revertirse los efectos de dichos actos o suspenderse ya que ya se había causados, por lo que la medida es inejecutable física y jurídicamente. En virtud de ello observamos lo siguiente:

 1) En la sentencia del 30-12-2015 se ordeno la suspensión de la ‘Totalización, Adjudicación y Proclamación" no la JURAMENTACION, por lo que mal pudiera la AN suspender los efectos de un acto que no dictó. Ya habiendo ocurrido el proceso electoral y habiéndose proclamado el funcionario, la voluntad popular debe ser respetada, y cualquier acto que suponga desconocer dicha voluntad es inconstitucional. La Sala Constitucional en el pasado reafirmo la transcendencia del respeto a la voluntad popular. En efecto, señaló la SC del TSJ

"Téngase presente la necesidad de preservar la voluntad del pueblo manifestada en un proceso comicial, de manera que resultaría a todas luces fraudulento a la misma considerar que la solemnidad del juramento, en la oportunidad prefijada del 10 de enero y ante la Asamblea Nacional, suponga una especie de falta absoluta que, no sólo no recoge expresamente la Constitución , sino que antagoniza con la libre elección efectuada por el soberano, en franco desconocimiento de los principios de soberanía popular y democracia protagónica y participativa que postulan los artículos 2, 3, 5 y 6 del Texto Fundamental." (Exp. 12-1358, sentencia de fecha 9-1-2013)

2) La AN no puede ejecutar la orden del TSJ, porque no se puede obligar a los Diputados a desincorporar a sus Diputados. En efecto, no se puede ordenar a todos los diputados como funcionarios electos libremente y en ejercicio de sus funciones realizar una conducta que dichos funcionarios consideran es contrario a la Constitución, ello violaría sus derechos a libertad de expresión, libertad personal, integridad moral, debido proceso, defensa, y sus derechos políticos en el ejercicio de sus cargos.

3) No existe la desproclamacion. Los diputados adquieren inmunidad desde su proclamación, y pretender desconocer el acto de proclamación es atentar contra la inmunidad parlamentaria. El artículo 200 de la CRBV señala expresamente: "Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo". No necesitan ser juramentados para adquirir inmunidad, y como tal no pueden ser objeto de ninguna medida de carácter administrativo o judicial que afecte el libre ejercicio de su cargo, caso en el cual, aunado a la violación del artículo 200, el articulo 62 también seria violado al ser impedido de ejercer el cargo por el que fue electo. La misma Sala Constitucional ha sido conteste con esta posición al señalar:

 "En el fallo cuestionado en esta oportunidad, la Sala Electoral procedió a desproclamar a un funcionario electo, aduciendo para ello que no satisfizo una concreta condición de elegibilidad: haber residido en el ente político territorial para cuyo cargo fue designado por votación popular durante los tres años anteriores, tal y como lo exigía el artículo 52 de la derogada Ley Orgánica de Régimen Municipal, aplicable rationae temporis. La comentada causal de elegibilidad, para nada resulta extraña a nuestro ordenamiento positivo y busca establecer un criterio objetivo de vinculación espacial entre electores y elegido. Este parámetro sirve para potenciar la idoneidad del candidato a ser electo, en la medida en que supone que dada su mayor conexión con aspectos propios de la vida local o regional, habrá de tener un mayor conocimiento acerca de las políticas públicas a ser implementadas. Sin embargo, su infracción amerita ser contrastada a la luz de los postulados constitucionales que antes fueron expuestos, en aras de salvaguardar el preponderante rol del cuerpo electoral una vez que ha sido manifestada su voluntad en un proceso comicial. Desde esta perspectiva, la Sala es del parecer que la legitimación brindada por el pueblo a través del sufragio mitiga la naturaleza del vicio denunciado, convalidándolo" (Sentencia de fecha 6-8-2007 Exp. N° 07-0840, TSJ SC)

4) El solo hecho de ordenar la desincorporación desconociendo el procedimiento constitucional es causal de remoción de los Magistrados. En efecto, para poder desincorporar a los Diputados se requiere el voto de las 2/3 partes de sus miembros conforme el art. 186.20 de la CRBV. Si el desacato lo comete la Junta Directiva y los Diputados de Amazonas, mal podría ordenarle a dichos Diputados desincorporar a sus miembros por que no tienen competencia para ello. Es decir, quienes supuestamente desacataron la decisión no pueden cumplir con la nueva orden que se le impone ya que la desincorporación no depende de ellos.

5) Se violaría los art. 62, 72 y 200 de la CRBV de los Diputados, al pretender desincorporar a los Diputados por mecanismos distintos a los establecidos en la Constitución.

6) No se puede anular las decisiones de un cuerpo colegiado por la incapacidad de algunos de sus miembros si su voto no influye en la decisión final. Si la SE del TSJ considera, como lo hace de manera errada, que cuatro (4) Diputados han sido afectados en su condición ello no debe influir en la decisión o el funcionamiento del órgano siempre que se cumpla con el quórum que exige la Constitución. Ahora, si el voto de los 4 es fundamental para el funcionamiento o la toma de decisión es posible que se afecte la decisión del órgano, además los 4 diputados no formaron parte de las decisiones que la Sentencia del 11 de enero de 2016 anula.

7) La SE usurpa funciones de la SC al decretar la nulidad de actos de la AN. Tal comportamiento es causal de REMOCION. Efectivamente, es competencia de la SC conforme al artículo 25.1. de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia "Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela."

Al usurpar la función de otra Sala la SE viola los artículos 137 y 138 de la Constitución que se señalan: " 137. La Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen.

Artículo 138. Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos."

En tal sentido, entra en funcionamiento el artículo 265 de la Constitución que dispone: " Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia podrán ser removidos o removidas por la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado o interesada, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano, en los términos que la ley establezca."

Los jueces se manifiestan a través de sentencias,  y son ellas las que determinan su actuar dentro del marco de la Constitución y la Ley. En este caso, los Magistrados de la SE han violado la Constitución al usurpar funciones, configurando una falta grave que es causal de remoción.

Efectivamente, la Ley Orgánica del Poder Moral señala en su artículo 11:

"Se consideran faltas graves de los magistrados o las magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, las siguientes:  

1. Cuando atenten, amenacen, o lesionen la ética pública y la moral administrativa establecida en la presente Ley.

 2. Cuando incurran en algunas de las causales de destitución del cargo previsto en el Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezolana.

3. Cuando actúen con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de la ley y del derecho.

4. Cuando adopten decisiones que atenten o lesionen los intereses de la Nación.

5. Cuando violen, amenacen, o menoscaben los principios fundamentales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 6. Cuando lleven a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante, o realicen actividades privadas lucrativas incompatibles con su función por sí, o por interpuesta persona, o ejerzan cualquier otra función pública, a excepción de actividades educativas."

Las causales 1, 2, 3, 5 y 6 han sido claramente violadas en el ejercicio de la función judicial. Respecto a la causal numero 2, señala el Código de Ética del Juez Venezolano:

Artículo 32. Son causales de suspensión del juez o la jueza:

1. Inobservar sin causa justificada los plazos o términos legales para decidir o dictar alguna providencia, o diferir las sentencias sin causa justificada expresa en el expediente respectivo.

2. Practicar medidas preventivas en día anterior a feriado, de vacaciones o en días prohibidos por la ley, sin que para ello conste urgencia previamente comprobada, salvo los procedimientos penales y amparos constitucionales. {LA MEDIDA FUE DICTADA DURANTE LAS VACACIONES JUDICIALES 30-12-2015. EL AMPARO ES CAUTELAR NO ES PRINCIPAL O AUTONOMO EN CUYO CASO TODOS LOS DIAS SON HABILES}

 Artículo 33. Son causales de destitución:  

12. Falta de probidad.

13. Conducta impropia o inadecuada grave o reiterada en el ejercicio de sus funciones.

14. Incurrir en abuso de autoridad. Extralimitación o usurpación de funciones.

15. Actuar estando legalmente impedidos.

16. Omitir, alterar o celebrar irregularmente la distribución de expedientes, o de cualquier forma influir intencionalmente para modificar sus resultados.  

18. Llevar a cabo activismo político-partidista, gremial, sindical o de índole semejante.  

20. Proceder con error inexcusable e ignorancia de la Constitución de la República, el derecho y el ordenamiento jurídico, declarada por la Sala del Tribunal Supremo de Justicia que conozca de la causa"

Conforme a tales argumentos los magistrados de la SE pueden ser objeto de un procedimiento de Revocación del cargo para el cual han sido electo conforme lo prevé la Constitución, aunado al argumento de que en la toma de decisión de las sentencias de la SE del TSJ han participado magistrados cuya designación ha violado la Constitución y la Ley. 

El proceso de designación de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia

En la inaccesibilidad de la información publica que vive Venezuela, a pesar de las disposiciones Constitucionales que avalan el derecho al acceso a la información publica, han sido designados trece (13) Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y veintiún (21) suplentes. La razón argüida por quienes lo designaron fue una especie de solicitud colectiva de jubilación sin que tal solicitud haya sido expuesta a la luz pública, lo cual permite activar el proceso de elección de los nuevos Magistrado. No he podido tener acceso a la Resolución de la Sala Plena que acuerda tales jubilaciones pero una nota de prensa del TSJ así lo señala (http://www.tsj.gob.ve/-/sala-plena-del-tsj-acordo-aprobar-solicitud-de-jubilacion-de-13-magistrados-y-magistradas)

Lo cierto es  que luego de las elecciones del  6 de diciembre la Asamblea Nacional en un supuesto acto conforme a derecho y cumpliendo con la Constitución designó a los mencionados funcionarios judiciales.

Hay que destacar que las mencionadas solicitudes de jubilación son bastante anormal desde el punto de vista factico. Que trece (13) magistrados soliciten la jubilación a un (1) ano del vencimiento de su periodo es bastante inusual por no decir insólito.

Conforme al ordenamiento jurídico los Magistrados pueden solicitar su jubilación siempre y cuando cumplan con los requisitos que se establece en el Estatuto de Jubilaciones y Pensiones del personal del Tribunal Supremo de Justicia, tal como lo señala el artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Ocurrido eso la Sala Plena debe acordar tal jubilación y la Asamblea Nacional proceder a la designación de los Magistrados conforme al procedimiento previsto en la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. El principio de continuidad se impone y el  Magistrado queda en ejercicio de su cargo hasta tanto no sea designado el Magistrado sustituto por la Asamblea Nacional. En tal sentido, para que se pueda activar el proceso de selección de nuevos magistrados tiene que haber una falta absoluta o la jubilación, actos formales no declaraciones de prensa o rumores de pasillo.

Ahora bien, ya habiendo una supuesta jubilación la Asamblea Nacional debe designar nuevos magistrados. Conforme  a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia el  Comité de Postulaciones Judiciales tiene como función esencial seleccionar, mediante un proceso público y transparente a los candidatos a Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Aquí son los principios de que todos los actos de los órganos del estado son públicos y la participación ciudadana en la gestión del estado se realza.  Ocurre una primera preselección por parte del Comité de Postulaciones Judiciales, para que luego dichos preseleccionados  deban ser presentados al Poder Ciudadano para la segunda preselección en los términos que establece en el artículo 264 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es la importancia de la majestuosidad del cargo que genera la intervención de la sociedad civil, de los órganos del poder ciudadano y de  la Asamblea Nacional.

A tales efectos, el Comité de postulaciones judiciales hará una convocatoria para el proceso de preselección de candidatos mediante un aviso, que se publicará en no menos de tres diarios de circulación nacional, el cual contendrá los requisitos que debe reunir cada candidato de conformidad con la Constitución , y el lugar y plazo de recepción de las postulaciones. Este plazo no será menor de treinta (30) días continuos. Es el principio de publicidad de los actos que se ve materializado en tal actuación.

Luego de que transcurran estos treinta días para las postulaciones, el Comité de Postulaciones Judiciales publicará en un diario de circulación nacional los nombres de los postulados con indicación expresa de que los interesados podrán impugnar ante ese mismo órgano a cualquiera de los candidatos en un plazo de quince (15) días continuos que se computarán desde la publicación de la lista de los aspirantes.

Una vez que se venza el plazo de impugnación de los candidatos,  el Comité de Postulaciones Judiciales se pronunciará sobre las mismas en un lapso de ocho (8)días continuos, y notificará por cualquier medio al afectado  para una audiencia dentro de los tres (3) días siguientes, para que ejerza su derecho a la defensa. Es posible que exista una exclusión de la lista basado en alguna apreciación fáctica, otorgándole al postulado posibilidad de defenderse.   

El Comité de Postulaciones preseleccionará, entre los postulados , un número no inferior al triple de los cargos de Magistrados, y al día siguiente remitirá al Poder Ciudadano la lista de preseleccionados con sus respectivos expedientes. El artículo 264 de la Constitución señala: "El Comité, oída la opinión de la comunidad, efectuará una preselección para su presentación al Poder Ciudadano, el cual efectuará una segunda preselección que será presentada a la Asamblea Nacional, la cual hará la selección definitiva."

En tal sentido, el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, dentro de los diez (10) días continuos a la recepción de la documentación enviada por el Comité de Postulaciones Judiciales, hará una segunda preselección conforme a la atribución de competencia que se le otorga en el artículo 10.8 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano.

Esta segunda preselección será presentada a la Asamblea Nacional, con el propósito de que realice la selección definitiva dentro de los cinco (5) días continuos siguientes a la recepción de la documentación que sea enviada por el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano.

¿Se ha cumplido con todas estas fases en el proceso de selección de los últimos Magistrados por la antigua Asamblea Nacional? Es evidente que no, y por tal razón inconstitucional e ilegal tal designación, al no cumplirse con el procedimiento de la primera y segunda preselección, y en consecuencia la fase final por parte de la Asamblea Nacional .

Sobre el Control de la Sala Constitucional a la Ley de Amnistía

Muchos se han preguntado si es posible que la Sala Constitucional ejerza algún tipo de control sobre la Ley de Amnistía. La respuesta que siempre he dado es que ello es inevitable, al punto que no solo los diputados del oficialismo pueden ejercer un recurso de nulidad contra dicha Ley, sino que cualquier ciudadano tendría legitimidad para solicitar la nulidad de misma. Ello no debe de extrañarnos, en un Estado de Derecho tal comportamiento es normal y es parte del equilibrio que en el ejercicio de sus funciones cada poder ejerce. La Sala Constitucional tiene entre otras funciones conocer de la nulidad de los actos que dicta la Asamblea Nacional, y en este caso la Ley de Amnistía no escaparía de dicho control. 

Ahora bien, ese control como toda actividad del poder público no es absoluto. Se hace pensar que la Sala Constitucional es un poder omnipotente que sobre ella recae la última decisión y que cualquier que sea por más disparatada o contraria a la Constitución deber ser cumplida. Tan errado es tal pensamiento que logra demostrarse si permitiese que la Sala condene a cadena perpetua a un ciudadano cuando la misma Constitución lo prohíbe (art. 44.3), o que ordenase la destitución del Presidente de la República. Tal como errado es que cuatro Diputados queden fuera de la juramentación y del ejercicio de su actividad parlamentaria cuando conforme al artículo 200 de la Constitución gozan de inmunidad y solo las 2/3 de los miembros de la Asamblea Nacional pueden separarlos de sus cargos (Art. 187.20).

La Sala Constitucional si puede controlar y conocer de un recurso de nulidad contra la ley de Amnistía. En ese control que hace la Sala se someterá a verificar dos cosas 1) que se haya cumplido con el procedimiento de formación de la voluntad parlamentaria. Es decir, que la Ley de Amnistía se haya dictado conforme a las formas y procedimientos previstos en la Constitución y el Reglamento de Interior y de Debates para el proceso de formación de las Leyes. Es un control formal, no es que la Ley de Amnistía la dicte el Presidente de la Asamblea, es que se cumpla con la formalidad para su sanción. Se ha visto el caso de designación de Magistrados que habiéndose previsto un proceso para su elección el mismo ha sido vulgarmente incumplido por parte de la saliente Asamblea Nacional lo cual es evidente puede ser anulado tanto por el órgano emisor del acto (que corrige y subsana la violación) como por el mismo poder judicial. 2) que la Ley de Amnistía sea contraria al artículo 29 de la Constitución que dispone que las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía. Esta apreciación ha sido reconocido por la Sala Constitucional en el pasado en sentencias Nos. 1815 del  2004 y 1117 del 2006.

En caso de que la Sala Constitucional se exceda de su control de juridicidad de la actividad parlamentaria su actuación sería censurable. Es errado pensar que la actuación de los Magistrados, como la del Presidente, los Diputados y los demás funcionarios de los órganos del Estado, no puede ser controlada. Por el contrario, la misma Constitución prevé en su artículo 265 la posibilidad de que los Magistrados sean removidos de sus cargos por la 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional cuando dichos Magistrados incurran en faltas graves, entre las cuales se considera no solo el activismo político sino cuando actúen con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de la ley y del derecho. Es decir, que si los Magistrados condenan a pena de muerte a un ciudadano o declaran la nulidad de una Ley de Amnistía sin que esta viole el artículo de la Constitución, estaríamos en una causal de remoción de sus cargos por parte de la Asamblea Nacional.

Del recurso de nulidad contras las actas del CNE 

Lo que se sabe, como todo en Venezuela, es a medias. Se sabe que desde octubre 13 magistrados del TSJ renunciaron a sus cargos. No se publicó la renuncia, no se sabe la causal o razón por la cual han decidido renunciar a sus cargos que vence en el 2016, lo cual genera una falta absoluta que deber ser cubierta por el suplente hasta que se designe un nuevo magistrado (los designados cubren falta absoluta).

Se sabe que la Sala Electoral del TSJ comunico 22 de diciembre de 2015 que ya no estaban dando despacho y que no habían recibido ningún recurso de nulidad ni de amparo autónomo que sería la excepción al periodo de no despacho que tenían hasta la fecha. Sabemos que mientras el TSJ estaba de vacaciones judiciales, la Asamblea Nacional designó en fecha 23 de diciembre a 13 Magistrados sin que hubiese habido oportunidad para oponerse a la designación ni procedimiento de sustanciación de dicha oposición. Tampoco hubo una segunda preselección por parte del Poder Ciudadano, después de la primera preselección del comité de postulaciones judiciales.

Se sabe que hubo un recurso de nulidad (juicio principal) mas amparo como medida cautelar y solicitud de suspensión de efectos (subordinados al juicio principal de nulidad) que fue declarado admitido y con lugar el amparo, y se " ORDENA de forma provisional e inmediata la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación emanados de los órganos subordinados del Consejo Nacional Electoral " (parte de la sentencia de fecha 30-12-2015 que aparece en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/consulta_sala.asp?sala=006&dia=30/12/2015)

Es claro que el juicio principal es el recurso de nulidad contras las actas del CNE y por ser ello el juicio principal no habiendo despacho en la SE del TSJ mal pudiera haberse sustanciado dicho expediente, es decir no se podía admitir y mucho menos dictar medidas cautelares ya que solo en amparo autónomo todos los días son hábiles como lo dispone la Ley Orgánica de Amparo, y como efectivamente lo señaló la misma SE del TSJ cuando señaló que "Para finalizar, el Máximo Juzgado agregó que la Sala Electoral esta semana no ha dado despacho, ni se han recibido amparos que sería la excepción al mismo" (http://www.tsj.gob.ve/-/sala-electoral-no-ha-recibido-ninguna-impugnacion-sobre-elecciones-parlamentarias-del-6d)

A pesar del ya evidente desliz logístico en la emisión de la llamada sentencia de suspensión de efectos, es de destacar que en reiteradas oportunidades ya esa SE del TSJ y otras salas del mismo tribunal han sido conteste en afirmar -lo que creo es correcto desde el punto de vista jurídico- que la suspensión de los efectos de los actos recurridos tienen como finalidad que se garantice el derecho constitucional violado mientras dure el juicio principal. Es decir, que no puede la medida cautelar tener el mismo efecto o consecuencia que el juicio principal, como en este caso lo es anular y dejar sin efectos las actas del proceso electoral que se han señalado como impugnadas.

Los vicios que se le atribuyen a los actos electorales y que serian revisables en el juicio principal son desconocidos como lo son los derechos constitucionales presuntamente violados que permiten hacer creer al juez sobre la necesidad de suspensión de los efectos de los actos electorales.

De igual forma, no se puede ordenar la suspensión de un acto que ya ha sido ejecutado, por lo que la medida de suspensión no pudiera surtir "efectos" ya que el acto fue ejecutado. Es como si se ordenara suspender la pena de muerte de un reo cuando ya dicha pena fue ejecutada. O suspender la ejecución de un presupuesto que ya se gastó. 

Por otra parte, los vicios se le imputan a actos dictados por el CNE y la orden es al CNE. El CNE solo puede, al ser notificado oficialmente de dicha decisión, responder que no se puede suspender dichos actos porque ya fueron ejecutados y la proclamación ya surtió efectos y los diputados ya tienen inmunidad conforme al artículo 200 de la Constitución, separarlo de sus cargos es competencia de la 2/3 parte de los miembros de la AN. Es decir, el CNE no puede cumplir con la orden de suspensión y ningún otro órgano del estado puede ordenar o forzar su ejecución.

               La Asamblea Nacional y el quorum requerido para el ejercicio de sus competencias

La Asamblea Nacional (AN) es un órgano colegiado de jerarquía Constitucional. Su conformación, la forma de elección y los requisitos que deben cumplir sus miembros, su funcionamiento y competencias están establecidas directamente en el texto constitucional. Su principal, y no única, función es la de dictar Leyes, que después de la Constitución es la fuente de derecho más importante del sistema jurídico Venezolano. Sus actos son controlados directamente por la Sala Constitucional en la medida que dicho actos sean violatorios del texto constitucional. La ley solo puede ser anulada por la Sala Constitucional si los mismos son contrarios a la Constitución. Como órgano colegiado se exige para que sus actos (leyes) sean considerados validos que cumplan con cierta formalidad, entre las cuales se destacan el quorum tanto para la instalación e inicio de la discusión de cualquier proceso de formación de la Ley asi como para su votación y aprobación del acto. Es la manifestación valida de un acto dictado por un cuerpo colegiado. Las competencias que tiene la AN y el número de votos que se requiere para que el ejercicio de dicha competencia pueda ser formalizada a través de la Ley, son las siguientes:

Mayoría Simple (84 votos)

• ·       Solicitar referendo consultivo en materias de especial trascendencia nacional a criterio de la AN
• ·        Autorizar a los funcionarios públicos que acepten cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros  
• ·        Aprobar la celebración de los contratos de interés público nacional, o de los tratados celebrados por la Republica antes de su ratificación por el Presidente
• ·         Dictar leyes que promuevan la Descentralización del Poder
• ·     Cada Diputado tiene la facultad de elegir a un representante en el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas  
• ·  Creación de Municipio cuando los Municipios que deseen constituirse en un distrito metropolitano pertenezcan a entidades federales distintas, corresponderá a la Asamblea Nacional su creación y organización     
• ·      Discutir y aprobar las discrepancias presentadas por el Presidente a los proyectos de Ley que hayan sido enviadas a este para su ejecútese  
• ·         Considerar la legislación que fuere declaradas de urgencia por la mayoría de sus integrantes.
• ·   Función de control mediante: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en la Constitución.   
• ·         Aprobar la designación de una junta médica solicitad por el Tribunal Supremo de Justicia para que estudie la incapacidad física o mental permanente del Presidente
• ·         Prorrogar faltas temporales del Presidente
• ·         Designar un representante en el Consejo de Estado  
• ·         Autorizar las modificaciones al presupuesto del Poder Judicial
• ·         Designación de los Magistrados, luego de preselección del comité de postulaciones y del poder ciudadano   
• ·        Legislar sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional
• ·         Decretar amnistías
• ·   Discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito público. Así como autorizar los créditos adicionales al presupuesto.
• ·        Aprobar las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la Nación, que serán presentadas por el Ejecutivo Nacional en el transcurso del tercer trimestre del primer año de cada período constitucional
• ·       Autorizar los contratos de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela.
• ·         Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país.
• ·   Autorizar al Ejecutivo Nacional para enajenar bienes inmuebles del dominio privado de la Nación, con las excepciones que establezca la ley.
• ·       Autorizar el nombramiento del Procurador o Procuradora General de la República y de los Jefes de Misiones Diplomáticas Permanentes.
• ·         Velar por los intereses y autonomía de los Estados.
• ·       Autorizar la salida del Presidente de la República del territorio nacional cuando su ausencia se prolongue por un lapso superior a cinco días consecutivos.
• ·         Prorrogar estado de Excepción y revocarlo si cesaron las causas que lo motivaron  
• ·       Iniciar el proceso de Enmienda de la Constitución con 30% de los Diputados y se aprueba dicha enmienda con la mayoría simple
• ·         Iniciativa de reforma de la Constitución  
• ·         Designación de 2 Directores del BCV
• ·      La Asamblea Nacional conformar un comité de evaluación de méritos y credenciales, encargado de verificar y evaluar las credenciales y los requisitos de idoneidad de los candidatos al directorio del BCV

Mayoría Calificada

3/5  (100 votos)

• ·         Aprobación de una moción de censura al Vicepresidente Ejecutivo o a los Ministros
• ·         Dictar las Leyes  Habilitantes

2/3 (111 votos)  

• ·         Solicitar referendo aprobatorio de leyes que la AN considere, o el de los  tratados, convenios o acuerdos internacionales que pudieren comprometer la soberanía nacional o transferir competencias a órganos supranacionales  
• ·         Aprobar reforma de la Constitución  
• ·         Iniciativa de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente  
• ·         Reforma y Aprobación de Leyes Orgánicas
• ·       Elegir a los titulares del órgano del Poder Ciudadano que esté en consideración (FGR-CGR-DP) así como su remoción previa calificación de mérito considerada como tal por el TSJ
• ·         Remoción del Directorio del BCV  
• ·         Remoción de los Magistrados del TSJ
• ·         Acordar la separación del cargo de los Diputados
• ·         La creación de comisiones temporales o permanentes
• ·  Designar a los integrantes del Consejo Nacional Electoral, puede removerlos previos pronunciamiento del TSJ

El Voto Secreto en la Constitución y Legislación Electoral Venezolana   

La exigencia de que el voto sea secreto no es un capricho del constituyente. Una de sus justificaciones es la de evitar que el funcionario elegido popularmente se vea comprometido sólo con quienes hayan manifestado su voluntad a favor de su elección. Es la manera mas segura de evitar que ello suceda. Es imposible lograrlo de otro modo; ese impulso natural de ayudar sólo al que me ha apoyado se enfrenta a la imposibilidad de detectar a sus electores y en consecuencia compromete al elegido a Gobernar a favor de todos los ciudadanos de manera imparcial, elemento fundamental en el ejercicio de las funciones públicas. Y además reitera el carácter público de los archivos de data o información sobre el Estado que se encuentra bajo control del Gobierno.

Es tan cierto tales afirmaciones que el difunto Presidente Hugo Chávez Frías, haciendo alarde de sus violaciones constitucionales, logro constituir, con la ayuda de Diputados y funcionarios de su partido, las denominadas Lista Tascon y Maisanta, respectivamente, en las cuales se reflejaba la voluntad de los ciudadanos de requerir la apertura de un proceso electoral para revocar de su cargo al Presidente de la República. Mediante dichas listas el Presidente Chávez expulsó de la administración pública, impidió el acceso a cargos y a contrataciones públicas, y persiguió a todo aquel que apareciera en una u otra lista manifestándose a favor de iniciar el proceso de referendo revocatorio. Mostró su irracionalidad y violó de manera clara los derechos constitucionales de los ciudadanos sembrando una distinción en la sociedad entre aquellos que se habían manifestando a favor de él o en contra. la violación del secreto del voto o de la manifestación política fue claramente violada, ultrajada por el Gobierno  (Tascòn con las Manos en la Lista. http://www.venelogia.com/archivos/505/Consultado 11/6/2015)

Por tal razón, nuestra constitución es clara ante tal exigencia, tal y como se evidencia en el 63 que señala de manera general que el sufragio sólo puede ser ejercido mediante votación secreta, lo cual es ratificado por el artículo 95 para el caso especial de las elecciones sindicales que propugna una democracia sindical; por el artículo 186 que garantiza la elección de los miembros de la Asamblea Nacional mediante votación secreta; por los artículos 228 y 233 que exigen la elección del Presidente de la República por votación secreta. No se conforma el constituyente con prever de manera general el secreto del voto sino que, como hemos visto, lo ratifica para casos especiales sin que ello signifique que los no señalados de manera expresa puedan considerarse excluidos de la cualidad del secreto del voto.  

La Ley Orgánica de Procesos Electorales (publicada en la Gaceta Oficial Extraordinario Nro. 5928 de 12-08-09) regula y desarrolla los principios constitucionales y los derechos de participación política de los ciudadanos y ciudadanas, en los procesos electorales mediante los cuales el Consejo Nacional Electoral garantiza el derecho al sufragio, la participación política y la soberanía popular. En su artículo 128 la Ley garantiza que los electores ejerzan su derecho al voto en forma individual y se señala que los miembros de la Mesa Electoral no permitirán que el elector esté acompañado de otra persona durante el trayecto comprendido entre el sitio donde se encuentran las o los miembros de la Mesa Electoral hasta el lugar dispuesto para votar. Por su parte el artículo 289 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (publicado en la Gaceta Oficial Extraordinario Nro. 15 de 21-02-13) expresa que "El voto es secreto, libre y su ejercicio se garantizará frente a cualquier coacción o soborno."

La cualidad de secreto del voto ha sido definido por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia como la garantía que otorga el constituyente para aquel que ejerce el voto de que no sea revelado su intención o preferencia en el ejercicio de su derecho. Ha sido enfática la Sala Electoral al señalar con respecto al carácter secreto del voto que esta “... cualidad se refiere a la garantía que tiene quien ejerce este derecho de que no se conozca su intención o voluntad de preferencia en el ejercicio del mismo, lo cual no se ve amenazado por el hecho de que voluntariamente un asociado autorice a otro miembro de la asociación para que ejerza en su nombre este derecho, puesto que con el otorgamiento de una autorización o carta-poder no implica que se revele cuál es su opción electoral escogida, es decir, a favor de quién desea ejercer el voto”. (Sentencia de fecha 11/3/2002, Número 45)

Existe un derecho a mantener en secreto la intención electoral de todos y cada uno de los ciudadanos, forma parte de lo que en la doctrina de protección de datos se conoce como “información o datos sensibles” los cuales no se permite sean recopilados por ninguna persona jurídica pública o privada salvo que el titular de la información de manera exprese lo autorice. No puede el Poder Legislativo, ni mucho menos el Poder Electoral a través de actos de carácter sub-legal, permitir la recopilación de tal información, pues ya la misma Constitución prevé el carácter secreto del voto y en consecuencia la imposibilidad de que las intenciones políticas de cada uno de los votantes sea almacenada en una base de datos que permita conocer sus preferencias electorales.

De hecho el artículo 6 de la Ley de Función Pública Estadística (publicada en la Gaceta Oficial Nro. 37321 de 9-11-01) señala la prohibición de recolectar información sensible para fines estadísticos salvo que sea previamente autorizado por el titular de la misma.  En este último caso el artículo 9 de la ley de función pública estadística señala que: “Los datos referidos al origen étnico, las opiniones políticas, las convicciones ideológicas, morales o religiosas y, en general, las referidas al honor y a la intimidad personal o familiar no son de suministro obligatorio y sólo podrán recogerse previo consentimiento expreso de los interesados”. Ya existe en nuestra legislación una definición de datos sensibles que si bien está referido sólo a los fines estadísticos en cuanto al ámbito de aplicación de la Ley de la función pública estadística, puede utilizarse como un precedente legislativo.  

Por tal razón, cualquier base de datos o centro de recopilación de información que pretenda recoger información política en la cual se devele la intención de voto de una persona (en la que se individualice la preferencia electoral) es violatoria de la Constitución.

Gustavo J. Marín García/ Autor del Libro el Derecho de acceso y control de datos o información y su protección en Venezuela. 

Los escoltas de la revoluciòn

Gustavo Jose Marin Garcia, Abogado

I

En fecha 26 de enero de 2015 salió a la luz pública la información a través de un medio de comunicación española (ABC), que fue posteriormente reproducidas por EL NACIONAL y que le mereció por ello, contrario a la Constitución y al precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (reporte fiel) de fecha 2 de julio de 2004, caso Mauricio Herrera Ulloa vs Costa Rica, de que el ciudadano Leamsy Sa­la­zar, miem­bro de la Ca­sa Mi­li­tar, y je­fe el de se­gu­ri­dad y asis­ten­te per­so­nal de Hu­go Chá­vez durante 10 años, llegó a la ciudad de Washington, D.C. USA, en calidad de testigo protegido. Es destacar que dicho ciudadano, luego de la muer­te de Hugo Chávez, pasó a ser escolta del Presidente de la Asam­blea Na­cio­nal, Diosdado Cabello a quien Leamsy Sa­la­zar, comprometió en presuntas actividades ilícitas.

Los escoltas son persona de confianza y son testigos claves de lo que realizan día a día las personas que son protegidas. En la Venezuela de hoy el ser escolta es un servicio muy demandado. Pero a su vez dicho servicio es muy peligroso si se es escolta de un funcionario público como en adelante veremos las cifras.

Desde el 2012 hasta la fecha han fallecido cuarenta y seis (46) escoltas de funcionarios públicos de los que se tenga registro. No hay tantos asesinatos, robos o accidentes con escoltas de personas o empresarios privados como los hay de funcionarios públicos, al menos no ante los medios de comunicación. Si existen asesinatos de escoltas de empresarios, como el caso de Angel Carbone, escolta del propietario del Rey David, quien recibió 70 impactos de bala o como el caso del Pelotero Erold Andrés, del equipo de béisbol Navegantes del Magallanes que frustrando un atraco recibió unos disparos. Sin embargo, los casos de asesinatos, accidentes o muertes por razones desconocidas de escoltas al servicio de la protección de funcionarios públicos es mas frecuente.  

Estos escoltas han fallecidos por distintas circunstancias, algunos han sido asesinados, otros han tenido accidentes de tránsito y luego mueren, otros han sido víctima del hampa en actos de robo de arma o de sus motos. Hay casos en los que desaparecen y luego aparecen muerto, como es el caso del escolta de quien fuera Diputado de la Asamblea Nacional, Robert Serra. Hay casos en los que son víctimas del hampa pero en su propia casa, es decir, los supuestos criminales entran en su casa y los asesinan. Por otra parte, algunos han tenido accidentes de tránsito o parecen resistirse a un robo y terminan asesinados. Hay funcionarios públicos que han perdidos hasta tres escoltas, como es el caso de Mario Silva.

II

Me voy a dedicar a ordenar información que ya transita por el internet y que es de libre acceso al público, al final cito mis fuentes directas.

Año 2011-2012:

1.- El 13 de agosto de 2011, Hébert Becerra, guardaespaldas de la ex diputada del PSUV, María de Queipo, en el Estado Zulia, fue asesinado al resistirse al robo de su camioneta. Recibio muchos disparos a quemarropa.

2.- Engelbert Rengifo, guardaespaldas del director de la Alcaldía de El Hatillo y funcionario de Polihatillo, fue asesinado. El hecho ocurrió el 7 de enero de 2012.

3.-  El 24 de julio de 2012, Alexis Barreto Venezuela (25) escolta del Diputado de la Asamblea Nacional Robert Serra fue encontrado sin vida en el cerro el Ávila con un tiro en la nuca. Según se reporto no le robaron sus pertenencias. Hasta ahora no se sabe quién y por qué lo mataron.

El 5 de julio de 2011, se informo sobre la muerte de Seles Roberto Abreu (25) quien según familiares, era escolta del diputado Robert Serra. A Roberto Abreu lo mataron para despojarle de su pistola y una moto.

En fecha 1 de octubre de 2014 el Diputado Robert Sierra fue asesinado, su juicio tampoco ha sido esclarecido.  

4.- El 27 julio 2012 el escolta del Ministro Rafael Ramírez, del Ministerio de Petróleo y Minería, ciudadano Ginger Mendoza Carranza (36), fue asesinado en la avenida Andrés Bello de Caracas. Al parecer le dispararon desde un carro, al verlos caer de su moto los asesinos se bajaron y le continuaron disparando.  

5. El día 17 noviembre 2012 fue asesinado de tres (3) disparos Pablo Marín Meléndez (43), quien fue escolta también del presidente de PDVSA, Rafael Ramírez. Al parecer dos hombres encapuchados le dispararon.

Año 2013:

6.- En fecha 20 de marzo de 2013, Anthony Ardila Vera (24), escolta de la alcaldesa de Jesús María Semprún, Lucía Mavárez, fue herido de bala por Luis Alberto Villamizar Mavárez, (25) quien portaba credencial de la Policía del Municipio y es hijo de la Alcaldesa. Al parecer hubo una discusión que genero que el hijo de la Alcaldesa le disparara al escolta.

7.- En fecha 1 mayo 2013 Pedro Ramón Infante (37), quien estaba adscrito al componente de guardaespaldas de la Guardia Nacional y había sido asignado al grupo de escoltas de la ciudadana Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República. Le dispararon seis (6) tiros supuestamente para despojarlo de su moto.

8.- El 9 mayo 2013 Alejandro Ignacio Aranguren (38), miembro de seguridad del canciller Elías Jaua, fue herido con disparo en el rostro.

9.- El 27 mayo 2013 fue asesinado Paulo Suarez, (45), Guardia Nacional Bolivariana en comisión de servicios como escolta de la jefa de RR.HH del SENIAT. Una pareja de motorizados le disparó cuando se trasladaba en su moto, le dieron un tiro en la cabeza y cuando cayó lo robaron.

10.- El 1 de junio de 2013, José Vicente Sanabria, (43),  escolta de un coronel de las Fuerzas Armadas Bolivarianas (FANB) adscrito al Palacio de Miraflores, fue asesinado de varios disparos. Al parecer lo intentaron despojar de su arma.

11.- El 16  de junio del 2013 Germán Jesús Arias, de 37 años de edad, escolta del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, resultó herido tras colisionar  su motocicleta contra una camioneta. Murió 15 días después.

12.- En fecha 18 de septiembre de 2013, Jean Carlos Torres (31), quien se desempeñaba como escolta de la Ministra para el Deporte, Alejandra Benítez, fue asesinado. Se desconoce el móvil y el arma que se utilizo.

13.- El 27 de noviembre 2013 Domingo Eduardo Gómez (44), quien se desempeñaba como escolta del candidato a la alcaldía metropolitana Ernesto Villegas fue asesinado de tres disparos en la cabeza.

Año 2014:

14.- El 13 de enero 2014 José Luis Gil Mujica (36), escolta adscrito a la Vicepresidencia de la República fue asesinado luego de una discusión con otros sujetos.

15.- El 22 de enero 2014 el escolta Williams Alexander García Castejón (38), del presidente de la Fundación Negra Hipólita, Walter Gavidia (ex-esposo de Cilia Flores), fue asesinado a tiros.

16.- El 14 de mayo 2014 Gian Carlos Gómez Zamora (31) fue asesinado de un disparo  cerca de la estación del metro de Antímano. Se supo que la víctima trabajaba como escolta de un funcionario de PDVSA.

17.- El 15 de mayo de 2014 Jonny Peñaloza (40) escolta del ex gobernador del estado Aragua, Didalco Bolívar, fue asesinado con siete impactos de balas tras un enfrentamiento que sostuvo con su agresor.

18.- El 13 junio de 2014 asesinaron al ciudadano Jean Carlos Celis Díaz (35) escolta del Ministerio para Transporte Acuático y Aéreo, Garcia Plaza. Celis Díaz y su esposa fueron interceptados por delincuentes, le pidieron la moto y sus pertenencias, el escolta no opuso resistencia, sin embargo, le dispararon y huyeron con la moto.

19.- El 6 de julio de 2014  Ramón Muchacho. Alcalde de Chacao, informó sobre el asesinato de su escolta, Juan Luengo, quien falleció cuando intentaron despojarlo de su arma de reglamento.

20.- El 10 de agosto de 2014 Miguel Castro Alvarez, (49), jefe de seguridad de la escolta del presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) William Castillo lo mataron en un intento de robo.

21.- El 14 de agosto de 2014 el escolta del subdirector del Cicpc, Douglas Rico le dieron  dos disparos en la espalda y la pierna.  

22.- El 26 de septiembre de 2014 Ramón Muchacho, Alcalde de Chacao, confirmó  la muerte de el escolta Jerry Rondón, funcionario de la Policía de Chacao.

23.- El 22 de octubre de 2014 asesinaron Georye Emir Arvelo González (25) quien era escolta del Director General del Sebin para robarle una moto en el centro de Caracas .

 24.- El 24 de octubre de 2014 fuentes policiales refirieron que el funcionario identificado como José Luís Flores (25) fue hallado muerto, era oficial de la Policía del estado Carabobo y se desempeñaba como escolta del gobernador, Francisco Ameliach

25.-  El 28 de noviembre de 2014 Dennys Antonio Duello Reina (33), funcionario del Sebin y escolta Presidencial, fue asesinado en su casa. Los ladrones le pidieron a Duello Reina su arma de reglamento, pero como no la tenía en ese momento le dispararon múltiples veces.

26.-  El 29 de noviembre de 2014 Dennis Cuello (32) escolta presidencial  adscrito a la primera dama Cilia Flores fue asesinado de varios disparos cuando los asesinos ingresaron a su vivienda para cometer un robo.

Año 2015:

27.- El 15 de enero de 2015  fue asesinado de varios disparos un escolta del gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas. César Bonalvi, era funcionario del Sebin y estaba en el grupo que protegía al gobernador Francisco Arias Cárdenas.

28.- En fecha 19 de enero de 2015 el Alcalde de Carrizal, Edo Miranda, José Luis Rodríguez Fernández, informó del asesinato del ciudadano Youndel del Valle Rosañeda -quien fungía como uno de sus escoltas. 

29.- El 21 de enero de 2015 fue asesinado el escolta del ministro de Educación Héctor Rodríguez, ciudadano Luis Revilla. Tres sujetos en moto lo despojaron de su arma de reglamento y su moto y dispararon a pesar de no haber puesto resistencia.

30.- El 27 de enero de 2015 en el estado Aragua, se conoció que fue encontrado el cuerpo de José David Castillo, escolta del Defensor del Pueblo, Tareck William Saab, en estado de descomposición, calcinado, tiroteado y desmembrado.

31.- El 4 de marzo de 2015 el ciudadano Yojham Tupac Amaru Camero (33), fue asesinado en su casa por  dos antisociales quienes le dispararon desde la calle. Era escolta de Gustavo Dudamel.

32.- El 21 de marzo de 2015 el escolta del diputado Ángel Rodríguez, del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Michelson José Milla Pacheco (30) fue asesinado a tiros para robarle la moto y el arma de reglamento.

33.- El 5 de mayo de 2015 fue asesinado José Antonio Algara, jefe de escoltas del animador venezolano y presidente del canal nacional TVES, Winston Vallenilla.

34.- El 11 de mayo de 2015 fue asesinado Edelmar José Bermúdez Patiño. Le dispararon dos veces, una en el rostro y el otro en el brazo derecho. Fungía como escolta de Mario Silva. Este sería el tercer escolta de Mario Silva que muere en un hecho violento. En el año 2010 fue ultimado José Gregorio Guevara (21)  y en el 2011 José Manuel Pérez.

35.- El 18 de mayo de 2015 William Quintero, escolta del diputado Elvis Amoroso, fue asesinado de un impacto de bala por la espalda mientras viajaba en moto con su esposa en Maracay.

36.- El 28 de junio de 2015 Blanca Eekhout, diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela expresó su indignación por el asesinato de quien fue su escolta personal el ciudadano Carlos Manuel Pulgar.

37.- El cuerpo de Harold Mendoza Figueroa, miembro del equipo de seguridad personal del vicepresidente de la República de Jorge Arreaza, fue encontrado el pasado 21 de julio de 2015 con un disparo en la cabeza.

38.- El 8 de agosto de 2015 fue herido el Sub Inspector del Sebin y Guardia de Honor Presidencial, Yusber Enrique Velásquez Olivier. Falleció el 11 de agosto de 2015. 

39.- El 27 de agosto de 2015 fue asesinado el escolta de la ministra para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, Carmen Meléndez. Al funcionario le fue robada su arma de reglamento y la moto que conducía.

40.- El 28 de septiembre de 2015 Marco Chacón Pineda (29) fue asesinado en Santa Teresa del Tuy, en el estado Miranda. La víctima era funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Se conoció que trabajaba como escolta del comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Néstor Reverol.

41.- El 2 de octubre de 2015 el oficial de la Policía Nacional Bolivariana, Alexander José Farías Peñaloza, escolta del parlamentario del PSUV y candidato a diputado Freddy Bernal, murió tras enfrentarse con unos delincuentes que intentaron asaltarlo al salir de una entidad bancaria.

En fecha 25 de junio había sido encontrado el cuerpo de Maiker José Vásquez Caraballo con varios disparos en la cabeza, quien fuera jefe de escoltas de Freddy Bernal tambien.

42.- El 27 de octubre de 2015 Richard Gregorio Narváez Morales (28) trató de frustrar un robo y los delincuentes le dispararon. El funcionario de la Policía del estado Bolívar (PEB) recibió tres tiros y era escolta de Rangel Gómez, Gobernador del Estado Bolívar.

Fuentes

1.- http://www.notiminuto.com/noticia/asesinatos-escoltas-mas-conocidos-2015/# Consultada en fecha 4 de noviembre de 2015.

2.- http://www.lapatilla.com/site/tag/escolta/ Consultada en fecha 4 de noviembre de 2015.

3.-http://laiguana.tv/sucesos-tecnologia/11136-sucesos-guerra-psicologica-sicariatos-lista-escoltas-funcionarios-chavistas-asesinados-heridos Consultada en fecha 4 de noviembre de 2015.